La reforma de las leyes que regulan el uso de los suelos dará, según grupos ecologistas, un 'golpe mortal' a la ya degradada selva de la Amazonía
Efe | Brasilia ELMUNDO.ES
El Senado brasileño aprobó este martes con un abrumador apoyo una polémica reforma de las leyes que regulan el uso de los suelos, que según grupos ecologistas dará un "golpe mortal" a la ya degradada Amazonía y abrirá puertas a una mayor deforestación.
El proyecto, que será devuelto a la Cámara de Diputados para que examine algunos cambios, se aprobó con 58 votos a favor y 8 en contra con el respaldo de casi todo el oficialismo, unido a sectores de la oposición agrupados en la llamada "bancada rural", un grupo suprapartidista que representa a los grandes empresarios del campo.
Los senadores ignoraron así las protestas de ecologistas que, por medio mundo, han denunciado el impacto que, en su opinión, tendrá la reforma del Código Forestal, que data de 1965 y establece normativas para la actividad agropecuaria y el uso general de los suelos.
La decisión del Senado, que introdujo ligeras modificaciones, da como segura la aprobación definitiva del texto en la cámara baja, que en una primera discusión lo respaldo con una sólida votación de 410-63.
El proyecto, presentado por el propio Gobierno y respaldado por la poderosa industria agropecuaria, plantea entre otros puntos que las áreas de selva protegidas en propiedades privadas en la región amazónica, equivalentes al 80%, se reduzcan a un 50%.
También establece que las zonas protegidas a la vera de los ríos, que hoy suponen una franja de 30 metros a cada lado, pasen a ser de 15 metros.
En contrapartida, establece la obligación de recuperar las áreas que sean degradadas en el futuro e incentivos económicos para los agricultores que adopten prácticas sustentables.
El punto que más discusiones ha generado propone una amplia amnistía para los hacendados que, en las últimas décadas, violaron las leyes actuales, desforestaron donde estaba prohibido y mantienen en esas zonas su actividad agropecuaria.
Ese perdón generalizado fue criticado hasta por la presidenta Dilma Rousseff, quien adelantó que podría vetar ese y otros puntos del proyecto antes de sancionarlo.
El texto incluye también una recomendación, que deberá luego ser reglamentada, en el sentido de que se prohíba la importación de todo producto agrícola procedente de países que no tengan leyes volcadas a la protección del medio ambiente equivalentes al propio Código.
La senadora Marinor Brito, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que forma parte de la oposición de izquierdas, calificó la aprobación de la reforma como "un momento dramático para Brasil y para las actuales y futuras generaciones".
La voz más fuerte en favor de la aprobación la alzó la senadora Katia Abreu, del Partido Social Democrático (PSD, independiente), quien además preside la Confederación Nacional de la Agricultura, que agrupa a los grandes hacendados y empresas del sector.
"Aprobar este proyecto hoy representa acabar con la dictadura de media docena de organizaciones no gubernamentales que controlaban el Ministerio de Medio Ambiente y deja claro que la cuestión ambiental es de todos", declaró.
La última protesta contra la posible aprobación del Código la protagonizó hoy el grupo ecologista Greenpeace, que en un acto celebrado ante el Senado sostuvo que esa nueva legislación anulará los avances que Brasil ha experimentado en los últimos años en términos de reducción de la deforestación en la Amazonía.
Greenpeace infló enormes globos frente al Senado en los que colgó pancartas en las que se leía "Dilma, apaga la motosierra", y otros mensajes dirigidos a los parlamentarios, en un postrero intento por detener el proyecto.
"Esa reforma va a propiciar un aumento de la deforestación en la Amazonía, perdonará a quienes talaron los bosques en forma ilegal y abrirá brechas para nuevos asentamientos" en el mayor pulmón vegetal del planeta, denunció la ingeniera agrónoma Tatiana de Carvalho, del capítulo brasileño de Greenpeace.
El rechazo al proyecto generó hace unos meses una inédita unión de los diez ministros de Medio Ambiente que tuvo Brasil entre 1973 y 2010, quienes en una carta enviada a Rousseff le pidieron impedir lo que calificaron de "desastre anunciado".
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